A partir del 20 de Noviembre se
ha impuesto una ley en la cual todo aquel que presente una demanda por lo civil
tendrá que pagar las tasas marcadas por la ley se pierda o gane el juicio.
Hasta esta fecha las tasas judiciales afectaban solo a las personas jurídicas y
a las jurisdicciones civiles. Con esta nueva ley se suman todas las personas
físicas y además de las dos jurisdicciones anteriores hay que sumar la social.
Pero este “tasazo” no queda solo
en la cuantía fija de la tasa sino que a esa tasa fija se le suma una cuantía
variable, la cual se establece en función del interés económico del pleito. Las
tasas fijas van desde 100 euros hasta los 1200 euros a los que hay que sumar
entre un 0,25% y un 0,50% de la cuantía procesal, es decir, el interés económico
del pleito.
Por ejemplo si un ocupante de un vehículo
que sufre tetraplejia y lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico e
interpone una demanda de 1.300.000 euros entre lesiones, secuelas, invalidez
etc. Pagaría en primera instancia 300 euros de tasa fija y a la que habría que
sumar un 0,50% por ser una cuantía de hasta un millón de euros. En total 6050
euros sin tener en cuenta la apelación, que si la hubiera se debería de sumar
otra cantidad importante de dinero.
Otro ejemplo más sencillo e
intolerable es el de un caso de una multa de tráfico, si por ejemplo un
conductor tiene una multa de 100 euros por exceso de velocidad solamente el
demandar le cuesta 200 euros para como mucho ganar 100 euros, ¿Quien va a
demandar? Nadie.
Según el Gobierno con esta medida
se trata de racionalizar el ejercicio judicial, a la vez que las tasas aporten
mayores recursos que permitan una mejora en la financiación del sistema
judicial, pero en verdad lo que están consiguiendo es quitar de la justicia a
la clase media, ya que una persona que no tiene recursos económicos no va a
tener acceso a la justicia y esto es intolerable.
Por último también hay que tener
en cuenta la bajada de demandas que va a haber a partir de ahora, esto
claramente va a afectar a jueces, abogados, fiscales… los cuales muchos de
ellos van a perder gran volumen de trabajo, incluso algunos tendrán que cerrar,
por eso este “tasazo” judicial está provocando muchos enfados en este sector.
